El compromiso militar y el juicio que la IV República no tuvo. Mucha alharaca se ha armado tras las declaraciones del general Henry Rangel Silva apoyando el proyecto político del Socialismo Siglo XXI. Inicialmente, nunca estuve de acuerdo con la beligerancia política que la Constitución de 1999 le otorgó a los militares, aunque ahora comprendo lo sano que resulta ese concepto constitucional para la estabilidad de la República porque, bien entendido, le deja una vía a los uniformados para no expresar su voluntad con las armas. Rangel Silva ha expresado su opinión amparado en el derecho que le concede la Carta Magna y llegado un hipotético resultado electoral adverso al proyecto, podrá manifestar francamente su desacuerdo sin que por ello se levante en armas. Constitucionalmente será la opinión particular de un oficial. Las voces que se alzan exigiendo el relevo del comandante del CEO, obedecen a los intereses que se desenvuelven en el marco político actual. No tengo ninguna intención de defender a Rangel Silva, él se defiende solo y hay están su declaraciones al diario Ultimas Noticias, pero es así, él no ha dicho nada que sea inconstitucional aunque, en el fondo del asunto, para quienes no han comprendido el texto constitucional la participación de los militares activos en política sea contraria al interés nacional. En algunos casos me sorprende la falta de memoria nacional, como cuando algunos tiran la primera piedra ignorando sus propios pasados. Por ejemplo, Henry Ramos pide que el jefe del CEO aclare su relación con Walid Makled, olvidando que hace algunos años varios miembros de AD fueron mencionados en el caso del narcotraficante William Fajardo. No recuerdo si el propio Ramos aparece entre los señalados por Fajardo de haber recibido sus “ayudas económicas”; eso no lo puedo asegurar, pero ello no quita que indague sobre el asunto. Lo cierto es que el cinismo político desborda sus límites. Si en el país hay impunidad es precisamente porque al iniciarse el presente proceso revolucionario ni se desmontó el aparato corrupto de la IV República ni ninguno de sus dirigentes fue sometido a juicio. Indirectamente funcionó la taima contrarrevolucionaria, esa que gracias a Manuel Quijada, Luis Miquilena, hoy permite ver a ciertos personajillos convertidos en adalides de la moralidad pública. No era necesaria la práctica (de por sí perversa) de los juicios sumariales para desmontar el andamiaje de la corrupción de la República, bastaba con un Poder Judicial distinto. Si ello hubiera ocurrido habríamos tenido un Nüremberg criollo y el país sería otro y no el que ahora tenemos carcomido a placer por la plaga contrarrevolucionaria de la corrupción. El general Rangel Silva ha manifestado su lealtad para con quien conduce el actual proceso, como antes manifestaron los generales de turno su lealtad para con quienes ejercieron el poder a lo largo de toda la vida republicana. La posición de Rangel Silva deja claro el concepto de leales y traidores. Porque si algo le ha hecho daño al país (aunque parezca paradójico) ha sido el silencio de los militares, quienes la mayoría de las veces, como el propio Chávez el 4F, o más reciente los alzados del 11A, optaron por manifestar su opción política por la vía de las armas. Rangel Silva está casado con un proyecto sin que ello tenga necesariamente incidencia en su conducta, ¿Ahora, comprenderán los que critican sus declaraciones que la salsa que es buena para el pavo también lo es para la pava?, Por lo demás, el acatamiento no significa sumisión; quien piense que la lealtad propiamente dicha es sinónimo de vasallaje está equivocado de banda a banda.
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